CASA OKUPA: AUTOGESTIÓN V/S ESTADO

Hace unas semanas llegó una orden de desalojo a la casa okupa AKI, ubicada en república 550. Es la okupa más grande de Chile y ocupa una casa que actualmente pertenece al Serviu. En ellas se hacen más de 12 talleres artísticos, ULibre y Hackreta Hacklab. Tratando de difundir tal noticia para reunir apoyo, he sostenido ciertos debates, los cuáles me han motivado escribir este artículo.

Respecto a las implicancias sociales de una casa okupa, podemos ver que existen perspectivas que las consideran peligrosas; otras que las consideran sin importancia; algunas sugieren que hacen un aporte cultural, pero aún dentro de los marcos culturales de la sociedad actual; y otras que conciben su aporte cultural como un acto revolucionario que rompe los marcos tradicionales de aquello que denominamos cultura.

Me centraré en analizar el punto de vista que destaca el aporte cultural de una casa okupa sin la necesidad de considerar su carácter rupturista, es decir, que su aporte cultural no es una propuesta contracultural. Me centro en este punto de vista por ser aquel que representa al sentido común de las personas que integran nuestra sociedad. La considero representativa del sentido común (actual y dominante) en la medida que introduce lo nuevo (la casa okupa) dentro de los parámetros culturales que se han establecido en esta sociedad, y no ve a la propuesta de okupación como algo externo y conflictivo respecto a la sociedad vigente. En cierto modo, no destaca lo okupa de la casa. Por otro lado, como es característico en esta sociedad, considera al arte (actividad principal de la casa okupa AKI) sólo en tanto “arte” (o, digamos, en sí mismo) y no en su función dentro del proceso de creación y mantención de las culturas y las sociedades.

A partir de tal perspectiva, se puede sugerir como propuesta de acción, para evitar el desalojo, que la okupa se presente como proyecto a alguna institución estatal para que sea financiada. Sin embargo, esta cómoda opción no es posible ni deseable para alguna casa okupa, especialmente si ésta asume su carácter de autogestionada.

El que una organización sea autogestionada, es decir, realizada y llevada a cabo por los mismos participantes, va más allá de la definición recién dada, ya que propone principios organizacionales nuevos y distintos a los principios que rigen las organizaciones tradicionales (como el Estado).

Lo anterior queda más claro al observar que cualquier proyecto popular financiado por el Estado no es, precisamente, autogestionado, por mucho que sea obra de todos los que participan, ya que el Estado, aunque a muchos se les olvide, tambíen es un participante que está activamente participando. El Estado no sólo “pone la plata”, sino que en el momento en que “pone la plata”, pone también su organización, su administración y mecanismos burocráticos, sus límites políticos, sociales y culturales, abarca para sí a aquel proyecto “popular” y lo inscribe en lo tradicional. El Estado no sólo aporta en el financiamiento de aquel proyecto, sino que además aporta con su funcionamiento.

La autogestión es una propuesta política en tanto regula y establece cierto tipo de relaciones de poder dentro del funcionamiento social de una organización. La autogestión excluye al Estado aunque no se defina por dicha exclusión. No nos referimos a organizaciones autogestionadas cuando hablamos de organizaciones independientes del Estado (ONG’s o Empresas Privadas), sino que a organizaciones que no son verticales ni jerárquicas, que no tienen roles fijos y estructurados inflexiblemente, organizaciones que no son concéntricas, sino que son horizontales, de roles dinámicos y estructuras flexibles, que son difusas o rizomática.

Por ende, la imposibilidad de algún apoyo estatal (o “nuevo trato con el Estado” como reclaman los universitarios hoy en día) no es una opción antojadiza, ya que trae consecuencias en la manera en que las personas participan de la creación de relaciones sociales para llevar a cabo metas en conjunto (especialmente si no se quiere afectar en gran medida a las metas individuales de los participantes). Esto plantea la necesidad de resistencia ante el ataque que el Estado, a través del desalojo, intenta realizar contra este modelo nuevo de organización. Este modelo resulta conflictivo respecto al modelo organizacional que encuentra su mayor expresión en la institución del Estado. El desalojo es un conflicto político y debe tratársele como tal. Una casa okupa no es sólo un espacio físico dónde se llevan a cabo actividades de distintas índoles, es una instancia social que ejerce poder de un modo que contradice no sólo al ejercicio político del Estado, sino que a las relaciones de poder de las que están constituidas todas las actividades sociales, e incluso individuales, de nuestra sociedad actual.